La explotación del arco minero “es un crimen ecológico e implica un genocidio sobre los indígenas” de la región, dijo a esta agencia Alexander Luzardo, redactor de las normas ambientales en la vigente Constitución de 1999.

El pasado febrero el presidente Nicolás Maduro decretó esa franja de territorio como “zona de desarrollo estratégico nacional” y anunció la entrega de grandes porciones de tierra, en concesiones de exploración y explotación, a la firma canadiense Gold Reserve y a las chinas Caamg Engineering y Yankuang Group.

“El arco minero del Orinoco tiene inmensas posibilidades. No solamente oro sino diamante, hierro, aluminio (…) sin duda uno de los elementos que tenemos para lograr que Venezuela sea una potencia económica”, dijo entonces Maduro.

Sin embargo, para Antonio Pestana, de la Red de Ecoturismo, la explotación de ese territorio es actualmente “la principal amenaza ambiental sobre Venezuela”, según expresó a Sputnik Nóvosti.

El arco minero ubicado al sur del bajo Orinoco, río que se extiende a lo largo de más de 2.000 kilómetros entre Colombia y Venezuela, es un área rica en oro, diamantes, hierro, bauxita y coltán.En la zona puede haber siete mil toneladas de oro, valorables en 280.000 millones de dólares, 33,8 millones de quilates de diamantes y 14.700 millones de toneladas de hierro, entre otras riquezas, anunció el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino.

Pero para ambientalistas como Luzardo, ese arco, del tamaño de países como Bulgaria o Cuba, “tiene como principal riqueza su potencial acuífero, (el) ecoturismo, millones de hectáreas de biodiversidad, la generación de electricidad para dos tercios del país y el hábitat de varios pueblos indígenas, todo amenazado por (la) deforestación y (la) contaminación”.

¿Desarrollo sustentable?

El presidente de Venezuela ha dicho que el arco “se explorará, certificará y explotará preservando los recursos naturales y las culturas originarias”, teniendo “como base principios de ecosocialismo y un nuevo concepto de desarrollo, combinando la gran inversión y tecnología”.Por su parte, el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, señaló que unas 150 empresas de 35 países se han interesado en el proyecto, en el que Venezuela apunta “hacia una minería que preserva el ambiente en términos de extracción, explotación e industrialización”.

Sin embargo, estas afirmaciones no despejan la desconfianza que reina entre los ambientalistas.

“¿Cómo es que un proyecto revolucionario se concreta en un modelo extractivista que retrocede al menos 70 años en cuanto al debate entre obtener renta o preservar la vida?”, cuestionó Luzardo.

Por su parte, el coordinador de la organización humanitaria Provea, Rafael Uzcátegui, ironizó en diálogo con Sputnik Nóvosti respecto a los anuncios del Gobierno.

“En Venezuela celebramos el Día de la Tierra anunciando que sacaremos todo lo vendible que esté bajo tierra”, dijo.

El viernes se celebró en todo el mundo el Día de la Tierra. El tema de este año fue “Los árboles para la Tierra”.

En este marco, representantes de más de 170 países firmaron en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el Acuerdo sobre Cambio Climático.Hace dos semanas, autoridades gubernamentales se reunieron con varias comunidades indígenas de la zona del arco.

El vicepresidente para asuntos sociales, Jorge Arreaza, aseguró que el Gobierno no va a “imponer” su proyecto en esas tierras, sino que pretende que estas poblaciones se incorporen al desarrollo del arco minero.

La Constitución venezolana ordena consultar a los pueblos originarios sobre desarrollos económicos en sus hábitats.

En la zona a explotar hay ciudades y poblados con miles de personas que practican la minería de modo ilegal y artesanal.

Venezuela tiene la mitad de su territorio bajo alguna figura de protección ambiental y la franja decretada como arco minero toca varias zonas protectoras de embalses y ríos, parques nacionales, monumentos naturales y reservas forestales.