Antes de que el archivo de la presa Gannah u otros archivos están cerrados debido a un acuerdo o una crisis abierta, es necesario destacar algunos puntos, que se supone que deben convertirse en hechos, para los partidarios de la oposición, y todas las partes en el conflicto.
En primer lugar, hay que reconocer que el agua, ya sea potable o salada, es parte de los sistemas ambientales, definidas por caminos históricos, y los seres humanos no tienen ningún favor a su existencia en absoluto.
Hay que reconocer, así, las intervenciones de ese hombre, que se llaman “civilizada”, han contribuido a que viola en estos sistemas, y que no eran útiles, ni estaban en armonía con esos sistemas, ya que se supone que son.
También se desprende de este reconocimiento, y que debe adoptarse en cualquier arreglo o cualquier debate futuro, que es que el agua es una propiedad pública, al igual que la niebla, las nubes, y el aire, lo que significa que no se supone que es propiedad de nadie, y el estado y los organismos oficiales competentes son responsables de la protección de ella, su gestión y la preservación de su calidad y disponibilidad para las generaciones presentes y futuras, como derechos básicos, asegurando que hay una buena cantidad de beneficios, que no contradice con la garantía su sostenibilidad como un recurso renovable, y el alimento básico en la vida, sabiendo que incluye los minerales necesarios para la vida. También debemos reconocer que los criterios en la evaluación de cualquier proyecto de inversión en el agua es la medida de su compatibilidad con su composición, y el flujo, además de su renovación natural y ecológica.
La importancia de desarrollar una estrategia para su gestión, no es para justificar la creación de presas, pero con el fin de determinar las prioridades en base a los datos ecológicos, que se benefician de lo que se da en la naturaleza en primer lugar, y siguiendo las políticas de racionalización, ajustando el consumo, y detener el robo, despilfarro y la contaminación … como una prioridad en cualquier inversión, especialmente las inversiones peligrosos, costosos, e innecesarios tales como el establecimiento de madres expuestas.
Con base en esto, lo que se requiere hoy en día, como un escape de la presente diferencia no esencial entre las partes gubernamentales, y con el fin de no hacer ningún compromiso contra el medio ambiente, el agua y los derechos de las generaciones actuales y futuras … La crítica histórica en este archivo debe ser abordado, concentrándose específicamente en el “plan de diez años” o “estrategia del agua” aprobado por el gabinete en 2012, y detener la aplicación de la ya decidida proyectos costosos e innecesarios, tales como el establecimiento de proyectos de represas y la apertura de un debate real sobre esta estrategia (que nunca se ha hecho antes, especialmente con aquellos que tienen ideas que son diferentes de la opinión dominante en los ministerios o con los expertos que se ocupan de ellos), junto con la confirmación de la función del Ministerio de medio ambiente para llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica del Ministerio de energía y la estrategia del agua, junto con el desarrollo de un “Código agua”, especialmente en términos de proponer leyes para traducir los principios que dicen que el agua es un derecho humano, y es una propiedad pública.
Las operaciones de privatización y los llamados “derechos de agua de apropiación” también deben volver a considerar.
El Estado también debe comprar lo que llena el déficit de estos “derechos”, especialmente para los manantiales de agua dulce, y se debe distribuir por igual a las personas, en lugar de crear
