“Preocupante”. Ese es el diagnóstico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) sobre la violencia contra los defensores del medioambiente en México. El saldo es de 29 asesinatos entre julio de 2016 y diciembre de 2017, según el Informe anual que ha publicado el Cemda esta semana. Se produjeron, además, 88 ataques contra personas, organizaciones y comunidades en este mismo periodo. El Estado no solo ha fallado en brindar protección efectiva, además ha sido señalado como el principal agresor contra los ecologistas, alerta la organización.

El incremento de la violencia inquieta al Cemda, que en el periodo cubierto por su anterior informe solo registró un asesinato, de julio de 2015 a julio de 2016. La organización alerta no solo del aumento cuantitativo de los ataques, sino también del incremento en la intensidad de los mismos. “A pesar de que en 2017 se registraron menos ataques, los agresores han sido cada vez más agresivos y violentos”, afirma Alejandra Leyva, coordinadora del informe. “Vemos un panorama mucho más violento que en otros años”, agrega. Leyva apunta que México es ya el cuarto país más peligroso para defender el medioambiente, según el índice de Global Business. El país escaló siete peldaños de 2016 a 2017, de acuerdo con este parámetro.  

Más de una tercera parte de los ataques, que pueden comprender varias agresiones en un solo caso, provienen de las autoridades. De estos, un 57% fue perpetrado por Gobiernos estatales, un 26% por municipales y un 17% por federales, señala el informe. Las regiones con el mayor número de casos son el Estado de México, con diez, Oaxaca y Puebla, con ocho cada uno, y Chiapas y Sonora, con seis.Tan solo en estos seis Estados, los ataques afectaron a 240 personas, 10 organizaciones y 30 comunidades indígenas o campesinas.

“Nosotros existimos porque el Estado mexicano no hace bien su trabajo, existimos porque el Estado es un violador de derechos humanos”, afirma la abogada Estela Ángeles Mondragón, en uno de los testimonios recogidos por el informe. “Tiene que haber un reconocimiento a nuestra labor como defensores y un reconocimiento de que el Estado no puede terminar con nuestros recursos porque está vendiendo nuestro territorio”, exige la activista oaxaqueña Bettina Cruz. “Ellos violentan nuestros derechos y por otro lado dicen que nos protegen”, relata.

La mayoría de las agresiones suelen ser físicas, un 18%. La criminalización ocupa el segundo sitio, con un 16%. El homicidio es la tercera forma más común, con un 15%. Los principales conflictos tienen que ver con el despojo de tierras y con la minería, por los que se han contabilizado 17 casos. Los proyectos de infraestructura (14 casos), los hidroeléctricos (8 casos) y las obras o políticas públicas relacionadas con el agua (7 casos) siguen en la lista de los enfrentamientos.

“Resulta inverosímil que en pleno siglo XXI las personas e integrantes de la sociedad civil que en México defienden los derechos humanos ambientales estén en una situación de alto riesgo”, ha lamentado el presidente y fundador de Cemda, Gustavo Alanís Ortega. Los datos recopilados por el Cemda suponen solo una parte de los problemas que enfrentan los ecologistas en México, se trata solo de las agresiones que han sido difundidas por los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. “Hay muchísimas agresiones que aún no han salido a la luz porque no se visibilizan ni se verbalizan ni se denuncian, ya sea por miedo o falta de confianza”, explica Leyva.

El informe de Cemda ha sido presentado dos años después del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres y apenas dos días después de que 24 países de América Latina y el Caribe firmaran el primer acuerdo vinculante en el mundo para proteger a sus líderes ambientales. El pacto, avalado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), pone el foco en la llamada “democracia ambiental”, un paradigma en el que la protección del medioambiente se basa en la participación colectiva y en la igualdad.

El acuerdo, también conocido como el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se negoció desde 2014 y estará abierto a la firma y ratificación de los 33 países del continente hasta 2020. Aunque el acuerdo se adoptó de forma regional, México no lo ha firmado ni lo ha ratificado aún, reclaman varias organizaciones no gubernamentales.

El gran reto será que América Latina, una región que históricamente ha alineado su política exterior a principios garantistas, materialice los ideales del nuevo acuerdo en el terreno. Al menos 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado en la región, dos de cada tres activistas asesinados en el mundo, según un informe de la ONG Front Line Defenders. El Cemda ha registrado 391 ataques a defensores del medioambiente en México desde 2010.