La digitalización y la aplicación de la tecnología en la administración pública y en las instituciones está dando paso a un nuevo concepto: GovTech. Gobierno y tecnología se unen en una idea emergente basada en la innovación que ya está considera un nuevo sector de la economía, llamado a optimizar los servicios públicos y a mejorar la vida de los ciudadanos.

Cuando las herramientas de internet agilizan los trámites y reducen la burocracia estamos hablando de GovTech. Cuando la tecnología permite colocar sensores en los contenedores de basura para saber cuándo están llenos, optimizando su recogida, también es GovTech.

El primer caso mejora la administración pública y el segundo, la gestión de un servicio que depende de una institución; pero ambos tiene algo en común: detrás de estos avances hay una decisión política que apuesta por utilizar los avances tecnológicos en beneficio de la ciudadanía.

Gabriela Ortega Jarrín, socióloga ecuatoriana especializada en análisis de datos para planificación estratégica y directiva de la Asociación de Comunicación Política, conoce bien este nuevo concepto que, según explica, implica la colaboración entre el sector público y el privado. “Es imprescindible porque las empresas están muy avanzadas en este campo, así que el proceso se verá impulsado desde el sector privado, como ha pasado en otros ámbitos, como el de la ciberseguridad o el del comercio electrónico”, asegura en declaraciones a DiCYT.

Los ejemplos de desarrollos tecnológicos nacidos de iniciativas privadas que han tenido un impacto positivo en la gestión pública se multiplican en los últimos años. El caso de Citymapper es muy ilustrativo. Se trata de una aplicación que integra información de todos los medios de transporte de una ciudad. Lanzada para Londres, ya está presente en decenas de urbes de todo el mundo.

Si los transportes son públicos y la tecnología lo permite, ¿qué impide que las personas tengan toda la información en su mano? En un mundo digitalizado en el que es fácil pedir comida a domicilio, comunicarse con cualquier persona al otro lado del mundo o ver series online, sólo parecen quedarse atrás las cuestiones relacionadas con la gestión gubernamental. “Falta conexión entre el ciudadano y la administración”, afirma la experta.

De hecho, la gente reclama esa conexión. Según un estudio internacional de Accenture, el 75% de los ciudadanos cree que los gobiernos deberían colaborar con ellos para solucionar problemas complejos y hasta un 60% están dispuestos a tener un papel activo en ello.

Ana Letícia Sampaio, consultora política y de proyectos en gestión pública, impulsó en 2017 un magnífico ejemplo de GovTech en el ámbito de la administración pública cuando trabajó con los responsables de finanzas públicas en el municipio de Duque de Caxias, una ciudad del área metropolitana de Río de Janeiro que tiene casi un millón de habitantes.

Cuando el nuevo alcalde asumió el cargo, se encontró con una situación económica desastrosa: una deuda muy alta, funcionarios que llevaban tres meses y medio de retraso en el pago de sus nóminas y una intrincada burocracia que impedía la iniciativa empresarial.

“Para abrir una peluquería tenían que pasar tres o cuatro meses después de presentar la solicitud a la espera de que las autoridades fiscalizadoras lo permitiesen. Nosotros propusimos que el proceso fuera el opuesto, que a través de la web se pudiera enviar toda la documentación digital y abrir un negocio en 48 horas al margen de que después se procediera a la fiscalización”, explica. Este procedimiento, llamado Licencia Electrónica, permitió abrir cientos de nuevas empresas en 2018, lo que reportó nuevos ingresos.

Duque de Caxias también incrementó la recaudación de impuestos sin necesidad de subirlos. El problema es que no se cobraban. “Había muchas construcciones, casas e industrias, que no pagaban porque sus datos no estaban actualizados. Gracias a las imágenes aéreas captadas por drones que pedimos al Estado de Río de Janeiro, junto con Google Earth y Google Street View, cruzamos datos y pudimos notificar a los propietarios que debían impuestos.

Con medidas sencillas de este estilo, en un escaso periodo de tiempo se incrementaron los ingresos del municipio y profesores, médicos y el resto de empleados públicos actualizaron su salario. Al mismo tiempo, las gestiones del ciudadano y la administración se hicieron más rápidas y eficientes. Además, la digitalización mejoró la transparencia y disminuyó la corrupción, puesto que los trámites ya no pasaban físicamente por la decisión de funcionarios concretos que podían ser sobornados.

Paradójicamente, toda esta revolución propiciada por la tecnología, no supuso una gran inversión tecnológica, sino todo lo contrario: se trataba de aprovechar recursos ya disponibles.

“Lo más difícil de todo fue divulgar entre la población las nuevas posibilidades de la digitalización, porque teníamos un presupuesto muy bajo para acciones de comunicación y porque existe una cultura general de que la administración sólo está para sacarnos dinero a través de la burocracia”, afirma.

En opinión de Sampaio, se trata de un “ejemplo muy bueno de gestión basada en la tecnología” que se podría “trasladar a cualquier sitio”, ya que el éxito no depende de disponer de grandes recursos, sino que es una cuestión de estrategia y de aliarse con otras administraciones públicas.

Este caso muestra que “es una cuestión más relacionada con la voluntad política”, destaca Gabriela Ortega, “que con la existencia de barreras tecnológicas”. De hecho, existe una red de naciones avanzadas en este campo conocida como D9 o “los nueve digitales”, que está integrada por países variopintos: Canadá, Corea del Sur, Estonia, Israel, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Uruguay.

“Nos están dando varias lecciones. Por ejemplo, que los servicios públicos se pueden digitalizar, que la existencia de brechas digitales entre diferentes grupos de la población no impide el cambio y que se puede aprender de las experiencias de otros países”, apunta.

A pesar de todo, habrá que afrontar retos importantes. “Necesitamos un funcionariado más proactivo e innovador”, opina, “y la verdad es que no es fácil ponerse al día”. Como ejemplo, cita una medida aprobada el pasado año por el Gobierno español: utilizar drones para vigilar los incendios por la noche, cuando no pueden actuar otros medios, como los helicópteros. Esta idea, sencilla y muy económica comparada con las medidas tradicionales, en realidad no es tan fácil de implementar, puesto que requiere capacitación para manejar los aparatos y desarrollar tecnología específica.

Además, para que se desarrolle el GovTech hará falta mucha comunicación, pero no sólo entre las instituciones y los ciudadanos, sino “a nivel interno, dentro de las propias entidades públicas”.

Pero sin duda el gran desafío a la hora de hablar de tecnologías públicas y digitalización está en la protección de datos y la seguridad. “Todo este sistema que estamos construyendo se alimenta de información y el cuidado de datos confidenciales como los expedientes médicos es básico para que el resto se pueda desarrollar”. La respuesta puede estar en la propia tecnología, a través de sistemas como el blockchain, pero la cuestión aún está lejos de estar completamente resuelta.

Lo que sí tienen claro los expertos son algunas tendencias imparables. Algunas tienen que ver con la tecnología en general, como el uso de los móviles como gran herramienta para cualquier tipo de acción: “Tendremos la administración pública en nuestro teléfono”.

Otras, son más específicas del GovTech, pero tendrán una gran influencia en nuestras vidas. “Vamos hacia una mayor participación”, según Gabriela Ortega, “está claro que la tecnología va a influir en la política”.

No obstante, los gestores se enfrentan a un campo nuevo en el que aún faltan conocimientos, experiencias y referentes. Fruto de esa necesidad, el Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político (CIGMAP) de la Universidad Camilo José Cela, ubicada en Madrid (España), va a lanzar el próximo curso académico, 2019-2020 el Máster GovTech, Máster en Gobierno y Tecnología.

“La tecnología va a tal velocidad que la gestión pública se está quedando atrás a pesar de que las nuevas aplicaciones vendrían muy bien para innovar, acortar tiempos y mejorar la transparencia”, afirma Jorge Santiago, director del CIGMAP.

En su opinión, los funcionarios deberían darse cuenta de la utilidad de la tecnología. Tradicionalmente, los trabajadores de la administración pública muestran cierta resistencia a los cambios y cuando se incorpora personal joven se genera una brecha digital que es urgente combatir.

Por eso, la formación que ofrece este máster es adecuada para un amplio espectro de profesionales, pero especialmente para quienes trabajan en la administración, sobre todo si tienen capacidad para tomar decisiones. Y esta afirmación es válida “para cualquier administración, local, regional o nacional, y para jóvenes de partidos políticos que quieren comenzar a prepararse”, opina. Sin duda, los alumnos que cursen este máster tendrán “una situación competitiva ventajosa”.

De hecho, cuando se aborda la formación política “nos centramos mucho en las campañas y menos en cuestiones aplicadas y buenas prácticas”. En ese sentido, el concepto GovTech comienza a despuntar pero “aún queda tiempo” para que madure y se asiente como una idea central entre la clase política. “Se han dado cuenta de que la tecnología es una necesidad pero falta el paso de la implementación y ahí es donde las universidades tenemos un papel que jugar”.

En cualquier caso, también se puede aprender de los países más avanzados, como Estonia, uno de los lugares que visitarán los alumnos del Máster GovTech. “Allí lo han entendido y pensamos que puede ser el mejor ejemplo”.

Otras experiencias de gran valor serán “el networking que estableceremos con empresas pioneras que ya trabajan en este ámbito” y la posibilidad de aprender de “un claustro internacional de profesores que hablarán de estudios de caso concretos que después podrán implementar en diferentes ámbitos”.

“Creemos que es uno de los másteres más innovadores del mundo, porque se basa en un concepto nuevo, que la tecnología puede transformar la acción de gobierno”, subraya el coordinador del posgrado, Pablo Martín.

Aunque es cierto que las empresas se mueven con mayor agilidad en el ámbito tecnológico, apostar por el GovTech es “como emprender o tener una startup dentro del gobierno, incorporando el pensamiento científico y creando equipos capaces de innovar en metodologías y tecnología”.

Por lo tanto, formarse en GovTech supondrá “tener la preparación adecuada para realizar una gestión más innovadora”, no sólo por parte de los políticos, sino también de técnicos que estarán en segunda línea tomando decisiones importantes. (Fuente: DICYT)