APR 13, 2015
Miembros de Zacualpan, Cuetzalan e Ixtacamaxtitlan se han amparado siguiendo con una serie de luchas legales para proteger sus territorios.
Desde hace al menos un año hemos estado documentado cómo es que la sociedad en México se ha estado defendiendo de las decisiones de gobierno que dañan el medio ambiente por medio de amparos.
Una reforma reciente permite a los mexicanos defenderse jurídicamente cuando las decisiones del Estado vayan en contra el interés legítimo colectivo, por supuesto, el medio ambiente figura en este renglón.
Comunidades yucatecas y mayas, por ejemplo, han logrado el bloqueo de la soya transgénica en su estado que contamina la producción orgánica de su miel (además de los efectos ya conocidos contra la salud).
En el terreno de las mineras, que han sido concesionadas a empresas mayormente extranjeras, ocurre algo similar. Los habitantes de los ecosistemas circundantes, suelen estar excluidos de los beneficios de sus propios recursos, y además, comúnmente son contaminados, como sucedió con el caso reciente del Río Sonora, cuando Grupo México vertió más de 40 mil litros de ácido sulfúrico al agua.
Recientemente, en la Sierra Norte de Pueblo, se ha dado una expansión de mega proyectos mineros, gracias a las concesiones del gobierno ahora existen hasta 122 proyecto de explotación, lo que merma sobe todo el derecho al agua y al territorio de las comunidades.
Así, grupos de los municipios de Zacualpan, Cuetzalan e Ixtacamaxtitlan, en los estados de Colima y Puebla, acompañados por el Consejo Tiyat Tlali, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Colectivo de Abogados y Fundar. Centro de Análisis e investigación, interpusieron tres amparos contra proyectos mineros que afectan sus territorios ancestrales.
En 2013 los wixárikas habían obtenido la suspensión de permisos de explotación minera a las empresas canadienses y a Frisco en la región de Wirikuta en más de 98 mil hectáreas.
