Por Yosel M. Castellanos
Los 242 embalses administrados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos tenían al concluir mayo un volumen de 3 317 millones de m3 (36 % de su capacidad), lo que representa 1 630 millones de m3 menos que en igual fecha del pasado año, aseguró hoy el diario Granma.
“Es importante gestionar una mayor eficiencia de los recursos que tenemos para obtener un mejor aprovechamiento del agua que se dispone, ante la prolongada sequía que hoy afecta al país”, aseguró el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba, durante la reunión de trabajo efectuada en la sede de la institución.
En el encuentro se analizó el impacto de la sequía en el territorio nacional, así como las medidas que se tienen que adoptar para reducir su riesgo.
El propio Pardo Guerra calificó la situación hidrológica de seria, y con riesgo para la salud, de no consumirse el preciado líquido con la calidad sanitaria necesaria. Además, exhortó a los funcionarios presentes, de los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Agricultura, Economía y Planificación, y de los institutos Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y de Meteorología, a realizar un trabajo cohesionado entre sí para minimizar las daños producidos por este fenómeno climatológico.
También destacó que en el periodo comprendido entre noviembre del 2014 y abril del 2015, se reportan 11 provincias con afectaciones por la ausencia de lluvias (Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo). En el caso de las provincias orientales y de Pinar del Río, al cierre de abril mostraban un déficit en el acumulado de lluvia de un 29 %.
“Pese a las medidas tomadas, aún existe poca percepción del riesgo y peligro que conlleva este tipo de situación, además de no ejecutarse efectivamente las medidas de protección necesarias, fundamentalmente en los sectores agropecuarios, industriales y de servicios”, dijo Pardo Guerra.
Por su parte, el director científico del Instituto de Meteorología, Abel Centella Artola, comunicó que al concluir mayo las áreas principales afectadas por la sequía se concentraban en varias regiones de Matanzas, La Habana, Pinar del Río y las provincias orientales, y en un 41 % del territorio nacional de forma general. El especialista informó que en los últimos seis meses el 75 % del país había sido afectado por la falta de lluvia.
En su informe Centella Artola también advirtió que, aunque el pronóstico para el mes de junio es favorable para la ocurrencia de precipitaciones cercanas a la media histórica en todas las regiones del archipiélago, la situación continúa siendo tensa porque los déficit acumulados se mantienen elevados, situación que no se revierte con unos días de lluvia.
Al analizarse el impacto de la sequía en la agricultura, uno de los sectores más golpeados, Alejandro Rodríguez Rodríguez, directivo de ese ramo, indicó que existen en el país 75 772 hectáreas cultivables afectadas por la sequía y 324 330 cabezas de ganado reciben el preciado líquido a través de pipas. Alarmante resultó el dato ofrecido en el cual se refleja que el 60 % del agua que se emplea en estas labores solamente cubre el 7 % de las áreas cultivables, lo que demuestra un ineficiente empleo del vital líquido.
En el caso de los embalses del país José Antonio Hernández Álvarez, director de Uso Racional del Agua, indicó que los 242 administrados por el INRH tienen al concluir mayo un volumen de 3 317 millones de m3 (36 % de su capacidad), lo que representa 1 630 millones de m3 menos que en igual fecha del pasado año.
Entre las medidas de carácter general indicadas por los organismos presentes en la reunión para mitigar los estragos por la escasez del importante recurso natural, sobresalen intensificar el programa de información a la población a través de los medios de difusión masiva sobre la necesidad del ahorro; proporcionar solución definitiva a las fuentes de abasto que se agotan sistemáticamente y reforzar las acciones de vigilancia y fiscalización con el objetivo de solucionar las ilegalidades en la infraestructura.
(Tomado de Granma)
