“El Estado está haciendo firmar un acuerdo que resulta inviable” porque agrava las violaciones causadas por el derrame, dijo Asano, coordinadora de política exterior de la organización Conectas Derechos Humanos, que presentará la denuncia junto a otras siete entidades en las sesiones extraordinarias que desarrolla esta semana la CIDH en Santiago de Chile.

El acuerdo entre el Gobierno, las autoridades de Minas Gerais y Espírito Santo y las empresas Vale, BHP Billiton y Samarco fue ratificado por un tribunal el 5 de mayo y establece un comité interfederal y una fundación privada que administrarán los proyectos y recursos destinados a la recuperación de la amplia cuenca hidrográfica afectada por el derrame, que se considera el peor desastre ambiental de la historia de Brasil.

“En esos dos órganos la participación de la sociedad civil es extremadamente limitada”, y se entrega “un poder desproporcionado a las empresas para definir lo que se debe hacer, mientras las autoridades públicas buscarán eximirse de sus propias responsabilidades y omisiones”, dijo el abogado de Conectas, Caio Borges, en un comunicado.

En el derrame causado por la rotura de una presa en la sureña ciudad de Mariana murieron 17 personas y dos siguen desaparecidas.

Los casi 50 millones de toneladas de desechos de mineral de hierro se lanzaron al río Doce, el principal cauce de una de las más importantes cuencas hídricas y arrasaron pequeñas ciudades en su recorrido de 500 kilómetros antes de llegar al océano Atlántico.El barro tóxico contaminó a su paso las aguas con metales pesados, mató animales y liquidó la economía de comunidades que viven de la pesca y de la pequeña agricultura.

El texto del acuerdo fue denunciado también ante organismos especializados de las Naciones Unidas.

El 17 de mayo, el nuevo ministro del Ambiente de Brasil, José Sarney (hijo), sostuvo que propondría revisar los términos del acuerdo para asegurar que las empresas hagan más para tomar en cuenta las demandas de las víctimas, pero sin suspender su vigencia.

Trece casos de minería versus derechos humanos

El desastre de Mariana es uno de los 13 casos que presentarán este miércoles ante la CIDH organizaciones no gubernamentales, de víctimas y académicas de Brasil para argumentar que los impactos de la gran minería y la siderurgia violentan los derechos humanos.

Por eso tales impactos no pueden ser “considerados meras externalidades o efectos colaterales de un modelo desarrollista”, sostiene el documento de denuncia, al que tuvo acceso esta agencia.Entre esos casos se cuentan la mina de uranio de Caetité, en el estado de Bahía (nordeste), que ha contaminado con radiactividad las aguas de las que dependen los habitantes de dos municipios cercanos.

También figura en la denuncia la industria del acero en el pequeño barrio de Piquiá de Baixo, en el estado de Maranhão (nordeste), donde funcionan 14 altos hornos. El nombre del municipio, Açailândia (Acerolandia, en español) lo dice todo.

El agua de los casi 30 arroyos y ríos de la zona es captada por las acerías que la usan para enfriar los hornos y solo entonces la devuelven al río Pequiá para uso humano.

Para entonces el agua tiene una temperatura de casi 40 grados, un PH ácido, residuos de plomo y cromo por encima de lo permitido, lo que ha determinado la muerte de la vida acuática y la progresiva intoxicación de la población.Luego de denuncias y demandas, la justicia ordenó a las empresas mudar a todos los habitantes a otro lugar, libre de contaminación, donde debían construirse sus nuevas viviendas.

Las denuncias incluyen la explotación de amianto (prohibido en 52 países por causar fibrosis pulmonar y cáncer) de la empresa Eternit en Goiás (centro-oeste) y la extracción y quema de carbón en el Complejo Termoeléctrico de Candiota en Rio Grande do Sul, que desde los años 70 ha causado varios tipos de contaminación, incluida la lluvia ácida que llegó a afectar al vecino Uruguay.

MONTEVIDEO (Sputnik)