, con una economía abierta y altamente dependiente de sus relaciones económicas externas, ha estado trabajando intensamente por revertir esta realidad. El 17% de sus importaciones son de alimentos, sujetos a la volatilidad de los precios que hoy tienen en el mercado mundial. El país, con una alta tradición agrícola depende en alto grado del estado de los suelos para la producción de alimentos, de ahí que cobre especial importancia trabajar por su mejoramiento. El territorio nacional de Cuba abarca un área de 10 988 600 hectáreas, de las cuales la superfi cie agrícola equivale al 60,2% (6 619 500 hectáreas). Al cierre del año 2009 la superfi cie cultivada alcanzaba los 2 988 500 hectáreas (45,1% de la superfi cie agrícola). En la actualidad, el 65% del total de los suelos de Cuba presenta afectaciones por diferentes procesos degradativos y alrededor de un 76,8% posee factores limitantes para producir alimentos, consecuencia de casi 5 siglos de explotación irracional e insostenible. Más del 40% de los suelos cubanos presentan afectaciones por erosión y si se refi ere a la erosión potencial, ese porcentaje se eleva a 56%; Las afectaciones por compactación ascienden a 24%, mientras que por efectos de salinización o sodicidad a 15%. Además, existe una afectación total por acidez de los suelos en 2,3 MHa (Ofi cina Nacional de Estadísticas, 2010). Los objetivos específi cos de la estrategia cubana para detener la degradación de los suelos contempla entre otras acciones: continuar desarrollando la agricultura sostenible, en armonía con el medio ambiente, como vía para contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria del país; reducir las tierras improductivas y contribuir a los rendimientos; propiciar el uso efi ciente de los recursos fi to y zoogenéticos, incluyendo las semillas, las variedades, la disciplina tecnológica, la protección fi tosanitaria, y la producción y el uso de los abonos orgánicos, biofertilizantes y biopesticidas. Asimismo las acciones contemplan el incremento de la superfi cie de suelo bajo el enfoque de manejo sostenible de tierras y el fortalecimiento de las capacidades y actualización del monitoreo
Como resultado del Programa Nacional de Voluntad Hidráulica, iniciado en 1963, se han elevado las capacidades de embalse en alrededor de 200 veces en un período de 40 años. Dicho Programa ha estado dirigido a disminuir el impacto de las intensas lluvias y conservar el agua para el consumo humano, la agricultura y la industria. Al cierre del 2010 se cuenta con una capacidad de embalse de agua hasta 9 670 millones de m3. La infraestructura hidráulica actual consta de 239 embalses con más de 3 millones de m3 de capacidad, a lo que se unen: 61 derivadoras, 805 micropresas, 759,63 km de canales magistrales, 8 grandes estaciones de bombeo y 1 300,38 km de diques, así como 1 009,14 km de canales para la protección contra inundaciones. En 1997, con la creación del Consejo Nacional de Cuencas Hidrográfi cas, se inició un nuevo estilo en el trabajo ambiental del país, que considera a la cuenca como una unidad básica para evaluar el trabajo de gestión ambiental integral (Ofi cina Nacional de Estadísticas, 2010). En el informe de Cuba sobre los Objetivos de Desarrollo del milenio 2009, se reporta que el acceso de la población a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua fue de 94,5%, con una cobertura de saneamiento de 96,6%, lo cual reafi rma el cumplimiento del objetivo 7 de las Metas del Milenio. Existe en el país el Programa para la protección del Agua cuyo objetivo principal es detener y revertir el deterioro de la calidad del agua e incrementar su disponibilidad, a partir de la protección y gestión adecuada de las fuentes y los balances de distribución sostenibles; el incremento de la cobertura boscosa en cuencas hidrográfi cas (áreas de captación y fajas hidroreguladoras); la sustitución del empleo de tecnologías inadecuadas e inefi – cientes; el incremento del reuso y reciclaje del agua; el mejoramiento del estado de las redes hidráulicas de distribución y la promoción de la cultura de ahorro y uso racional del recurso agua. El Estudio Nacional de la Diversidad Biológica de la República de Cuba, realizado en 1998, concluye que la biodiversidad de nuestro Archipiélago se caracteriza por los notables valores de su medio natural, la gran diversidad de ecosistemas presentes y el alto grado de endemismo de sus recursos. Por ello el territorio nacional es un exponente representativo y singular del patrimonio regional y mundial y constituye el mayor centro de diversidad biológica de las Antillas, tanto en riqueza total de especies, como en el grado de endemismo. La plataforma insular presenta el relieve de una llanura sumergida, con una superfi cie de 67 831 km2, lo que evidencia, el valor de los ecosistemas costeros y marinos para la estabilidad ecológica de la biota. (favorece el autoreclutamiento, asentamiento de larvas oceánicas provenientes de regiones aisladas y contribución de la biota a la biodiversidad regional.) Las alteraciones, fragmentación o pérdida de hábitats/ecosistemas/paisajes constituyen la principal causa de pérdida de la biodiversidad en el país. Otros procesos que han afectado son: sobreexplotación de los recursos, introducción de especies exóticas invasoras, la degradación y contaminación de suelos, agua y atmósfera.
Por la importancia del tema, se trabaja en la actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica para el periodo 2011 – 2015. La riqueza de la diversidad biológica del Archipiélago Cubano ha permitido el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que cuenta con 253 áreas identifi cadas, de las cuales 91 son de signifi cación nacional y 162 de signifi cación local, lo que representa el 19,95% del territorio nacional–incluida la plataforma insular marina–. Al cierre de 2011 del total de áreas protegidas identifi – cadas, 119 están administradas y 80 legalmente aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. En el período 2000-2010, el índice de boscosidad de Cuba se incrementó de 22,16% a 26,69%. Al cierre del año 2010, la superfi cie forestal cubierta del país ascendía a 2 932,3 Mha, de ellas 496,5 Mha corresponde a plantaciones establecidas y 2 435,8 Mha a bosques naturales. Del total de los bosques existentes, tienen categoría de bosques de producción 30,9%; bosques de protección 47% y bosques de conservación 22,1%. Entre las diferentes causas de afectaciones a los bosques, continúan siendo las de mayor impacto los incendios forestales y rurales y la extracción ilegal, para lo cual se aplican en la actualidad medidas más rigurosas para su control (Ofi cina Nacional de Estadísticas, 2010). El Programa Nacional Forestal hasta el 2015 tiene el propósito de alcanzar un índice de boscosidad del 29,3% y una industria forestal modernizada y diversifi cada de tal manera que los recursos forestales satisfagan, de manera creciente y bajo los principios del Manejo Forestal Sostenible, las principales demandas de bienes y servicios que brindan los bosques a la sociedad cubana. El país cuenta con un Programa de Lucha contra la Contaminación y dispone desde el año 1998, de un inventario nacional de las fuentes contaminantes principales, lo que permite evaluar con una periodicidad anual la variación de la carga contaminante, no solo a nivel nacional, sino también en las principales cuencas hidrográ- fi cas de interés nacional. Además, a partir de la importancia que se le ha prestado a los ecosistemas priorizados, desde el año 2004 se viene realizando la evaluación de la variación de la carga contaminante en los macizos montañosos y en las bahías de interés. Se han preparado los Inventarios Nacionales de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para los años pares del período 1990 – 2004 y continua la vigilancia sistemática de las emisiones y remociones de los gases de efecto invernadero. En dichos reportes se analiza el comportamiento de los GEI de mayor incidencia para el clima. Estos reportes evidencian que, en el caso cubano, las emisiones principales son las de dióxido de carbono (CO2), asociadas fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles. Las provenientes de la actividad energética, constituyen alrededor del 95% de las emisiones totales de CO2 del país.
Los principales contribuyentes, además de las industrias de la energía, son las manufactureras y las vinculadas a la rama de la construcción.
