El Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto sancionar como “infracción muy grave” las obras de ampliación, sin autorización, de una mansión de 12 metros de altura y más de 1.900 metros cuadrados de planta en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros.
El cortijo, en el municipio de Alcoba de los Montes (Ciudad Real), pertenece a Inmobiliaria del Bullaque, una empresa participada por el Grupo Financiero Ibaizabal, vinculado al naviero Alejandro Aznar, a su vez presidente de las Bodegas Marqués de Riscal. Aznar es, además, marido de Mónica Oriol, la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios que aseguró que prefiere contratar a mujeres que no se vayan a quedar embarazadas y que los subsidios por desempleo promueven el “parasitismo” entre los parados.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio, solicita una sanción de 201.000 euros por la construcción ilegal de un aparcamiento con capacidad para 16 vehículos y de una explanada encofrada de más de 1.000 metros cuadrados para sacar vísceras a los ciervos cazados en monterías en Cabañeros. La multa es la menor que contempla la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad para una infracción muy grave. La máxima alcanza los dos millones de euros.
Las organizaciones SEO/Birdlife, WWF y Ecologistas en Acción denunciaron en noviembre las obras sin autorización que tenían lugar en el interior del parque nacional. La Inmobiliaria del Bullaque procedió a una demolición parcial de un cortijo del siglo XIX, situado en una finca privada propiedad históricamente de la familia Aznar. En el terreno se construyó una nueva mansión, doblando la altura hasta los 12 metros.
La puerta de la finca privada, de unas 6.000 hectáreas, se sitúa en el kilómetro 81 de la carretera CM-4017. Con poco más de 15 metros de separación se enfrentan el cartel que advierte de que la zona es parque nacional y otro letrero que reza: “Coto privado de caza”. Personas del entorno de Aznar que han estado en el interior del nuevo cortijo, con decenas de habitaciones, admiten que se ha construido para los invitados a sus monterías, pese a que, cuando comenzaron las obras, el año 2017 era el límite legal para cazar en Cabañeros según la Ley de Parques Nacionales.
En octubre, el PP intentó prorrogar las cacerías en los parques nacionales mediante una enmienda a la Ley que borraba el límite de 2017. Ante la polémica generada, que incluyó una rebelión de los directores de parques nacionales, el PP se conformó con imponer una prórroga de las monterías hasta 2020.
El director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada, también es cazador y llegó a acudir el 3 de enero de 2013 a una montería organizada por el empresario Alberto Alcocer en una de sus fincas en Cabañeros, en la que estaba autorizado cazar dentro del parque nacional. Una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente asegura que “el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales nunca ha cazado en la finca Cabañeros de Alejandro Aznar y, es más, nunca la ha pisado”.
La Inmobiliaria del Bullaque comenzó las obras en Cabañeros sin licencia y sin necesitar Evaluación de Impacto Ambiental, ni para el cortijo ni para la modernización del camino de acceso de 1.500 metros, situado en su mayor parte sobre una cañada real localizada en una Zona de Especial Protección para las Aves.
Vía de acceso a la mansión, sobre una cañada real, de dominio público. / CLAUDIO ALVAREZ
El 15 de febrero de 2013 el Ayuntamiento de Alcoba de los Montes tuvo que ordenar la inmediata paralización de las obras en la finca, al no existir la preceptiva licencia municipal, algo que el abogado del naviero, David Moraleda, achaca a “las prisas por comenzar”.
Sí llegó el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. El 1 de abril de 2013, el Ayuntamiento preguntó a la Consejería si se necesitaba hacer una Evaluación de Impacto Ambiental antes de las obras, al situarse el cortijo en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros y a su vez en un Área crítica de buitre negro, águila imperial y cigüeña negra y en una Zona de Especial Protección para las Aves. Tan sólo nueve días después, la Consejería respondió que “no es necesario someter el proyecto a procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental”, ya que el proyecto “no se encuentra incluido en ningún supuesto” de la ley castellano-manchega.
Fuentes jurídicas señalan que que cualquier obra que se haga en la Red Natura 2000 que no tenga que ver con la gestión del lugar debe ser objeto de evaluación ambiental. La Red Natura 2000 es un blindaje europeo de los hábitats más amenazados de la UE, incluyendo las Zonas de Especial Protección para las Aves como la de la nueva mansión.
La multa propuesta por el Ministerio solo se refiere al aparcamiento y a la campa de evisceración. “En frío, hacer una edificación de nueva planta en un parque nacional es algo que todos pensaríamos que es un absurdo, que no tiene sentido”, admitía en octubre a este periódico el propio abogado de Aznar. “Pero todo tiene licencia”, afirmaba David Moraleda, mostrando los permisos de las autoridades competentes.
El 8 de abril de 2013, el entonces director del parque nacional, Manuel Carrasco, respondió también a las inquietudes del Ayuntamiento sobre la obra: “Dichos trabajos cuentan con la autorización del órgano gestor del Parque Nacional de Cabañeros y no existe inconveniente alguno por parte de esta Dirección, en el marco de sus competencias, para su realización”. La Inmobiliaria del Bullaque solo había solicitado en 2010 autorización para la reforma y la rehabilitación del cortijo.
“Por este camino no pasa nadie de fuera de la finca desde hace 30 años”, señalaba en octubre el ingeniero agrónomo que gestiona la propiedad, Ramón Olivares, de pie sobre el camino de acceso a la mansión, teóricamente público. El acceso a la cañada real está cerrado por una puerta que puede abrir cualquiera, como permite la ley. A los 1.200 metros de paseo, el camino público termina y se convierte en uno particular por el que está prohibido el paso. La vía de uso público seguiría por el tupido bosque de encinas y madroños, según el abogado de Aznar. Es absolutamente intransitable.
El camino público “está comido por el monte”, resumía el letrado. El empleado del naviero posee documentación del Ministerio de Agricultura franquista que explicaría esta situación. En 1961, el padre del naviero, Eduardo Aznar y Coste, heredero de la familia que fundó la Compañía Naviera Sota y Aznar en 1906, pidió a las autoridades que desviaran la cañada real para que no se viera su cortijo desde el camino público. Se hizo.
