El plan del presidente Jacob Zuma para desarrollar la energía nuclear en Sudáfrica generó la oposición de un número creciente de activistas, que mantienen vigilias de protesta frente al edificio del Parlamento en esta ciudad. Las acciones de protesta comenzaron en septiembre de 2014, cuando Zuma llegó a un acuerdo con la empresa pública rusa Rossatom para construir un máximo de ocho centrales nucleares, a un costo de 84.000 millones de dólares para el erario público sudafricano. “SAFCEI no cree que la energía nuclear sea la respuesta al cambio climático, sino que es una distracción que probablemente lleve al país a la bancarrota y provoque un mayor empobrecimiento energético”: Liziwe McDaid. A medida que se intensifican las protestas, el Instituto Ambiental de las Comunidades de Fe de África Austral (SAFCEI), una iniciativa ecuménica dirigida por el obispo Geoff Davies, declaró que la política nuclear del gobierno no solo es “una tontería”, sino que es inmoral. SAFCEI le reclama al gobierno que reconsidere su política de energía nuclear, y el pedido tuvo eco entre las organizaciones de la sociedad civil que promueven las fuentes de energía limpia. Aunque la sociedad civil y el gobierno de Zuma coinciden en la necesidad urgente de lidiar con el cambio climático, discrepan en cuestiones fundamentales mientras que Sudáfrica se prepara para la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará en París en diciembre. “Creemos que se le debe dar un mayor énfasis a la adaptación. El desarrollo de la capacidad de las comunidades afectadas y vulnerables para responder al cambio climático debe ser una prioridad”, manifestó Liziwe McDaid, la asesora en energía de SAFCEI. Para la mitigación, un mayor despliegue de las energías renovables es la clave para cambiar el sector de la energía intensiva en dióxido de carbono hacia un futuro sostenible con bajo consumo de carbono, argumentó. Como participante del diálogo denominado Cambio Climático Nacional en este país, la activista señala que SAFCEI “concuerda con el gobierno en muchas de las prioridades expuestas en el Informe Blanco”. Ese Informe Blanco prioriza las respuestas al cambio climático con grandes beneficios para la adaptación, que impliquen un importante crecimiento económico y creación de empleos, y que tomen en cuenta la salud pública y la gestión de riesgos. Sin embargo, subraya McDaid, cuando se trata de la energía nuclear, “SAFCEI no cree que… sea la respuesta al cambio climático, sino que es una distracción que probablemente lleve al país a la bancarrota y provoque un mayor empobrecimiento energético”. Voces disidentes David Hallowes, investigador y redactor de Slow Poison, un informe de la organización ecologista GroundWork sobre la calidad del aire en Sudáfrica, considera que no hay consenso entre el gobierno y la sociedad civil con vistas a la importante conferencia de París. Sudáfrica no está haciendo lo suficiente en materia de adaptación, según Hallowes. “El gobierno todavía permite que la minería y las industrias envenenen el agua y la tierra en cuencas clave y áreas agrícolas”, aseguró a IPS, y añadió que así se agravarán las consecuencias de los impactos climáticos. Las mismas fábricas y obras que impulsan el cambio climático envenenan y matan a la gente, los animales y las plantas que se encuentran en el camino de la contaminación, “por lo que las luchas del pueblo para lograr un medio ambiente que no perjudique su salud y su bienestar también son luchas climáticas”, afirmó. “Existen diferentes puntos de vista sobre lo que puede lograrse con la energía renovable”, señaló Hallowes. En GroundWork “no creemos que pueda impulsar un crecimiento económico infinito y, por lo tanto,… que pueda sostener una economía capitalista. En el corto plazo, creemos que debería buscarse una reducción en el consumo de energía”, recomendó. Hallowes también expresó su punto de vista sobre el programa oficial conocido como Contratación de Productores Independientes de Energías Renovables, que algunos dicen que demuestra los beneficios de la privatización. “Creemos que debemos tener un programa que genere la apropiación democrática y el control de las energías renovables en los diferentes niveles de la comunidad…, del municipal al nacional. Lo llamamos soberanía energética. El Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica lo llama propiedad social. Es lo mismo”, observó. La sociedad civil quiere que se terminen los nuevos emprendimientos relacionados con el carbón, como las minas o centrales eléctricas, aseguró. Artículos relacionados Crecen las voces por un acuerdo climático “audaz” en París ONU necesita 100.000 millones anuales para el cambio climático Líderes religiosos realizan “llamado a la conciencia” climática “Creo que todos están de acuerdo, pero no quieren decir necesariamente lo mismo. Para algunos, es solo una cuestión de puestos de trabajo. Nosotros pensamos que significa la transformación de la economía hacia la igualdad y la libertad que implica el control democrático, en lugar del control plutocrático”, destacó Hallowes. A Muna Lakhani, fundador y coordinador nacional del Instituto por Cero Residuos en África, también le preocupa que el gobierno no combata el cambio climático como debería. “Nuestro gobierno… es muy permisivo en la aplicación de la legislación, incluso mínima, como los permisos de calidad del aire, los impuestos al carbono y similares”, sostuvo. Según Lakhani, la sociedad civil está unida en temas clave, como la negativa a los combustibles fósiles, un mayor empuje a las energías renovables, y la promoción de la resiliencia local, especialmente de las comunidades más pobres y desfavorecidas. El papel del Estado Leluma Matooane, director de Ciencias de Sistemas de la Tierra en el Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) dice que el Departamento de Asuntos Ambientales tiene la responsabilidad de aplicar la política de Respuesta Nacional al Cambio Climático. Pero ha sido el DST el que asumió el papel de liderazgo y coordinación en la investigación del cambio climático, indicó. Según Matooane, gracias al Plan de Innovación del DST, de 10 años de duración, se le da más énfasis a la mejora de la comprensión científica de los impulsores, los impactos y los riesgos del cambio climático, así como a las innovaciones tecnológicas que el país necesitará para la adaptación de los sectores vulnerables de la economía y la sociedad en general. Si bien las opiniones pueden diferir en la forma de afrontar al cambio climático, señala el funcionario del DST, el gobierno habilitó la creación de un espacio con participación tripartita en la que el Estado, el sector privado y la sociedad civil analizan las posibles soluciones. Las discusiones en este espacio influyen y determinan la posición del país en los foros internacionales, explicó. Editado por Phil Harris
